Investigan créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios libertarios para la compra de inmuebles

Un grupo de funcionarios de La Libertad Avanza es investigado por la Justicia ante presuntas irregularidades vinculadas con créditos concedidos por el Banco Nación para la adquisición de propiedades.

Los beneficiarios habrían recibido préstamos millonarios pese a que ya contaban con vivienda propia y, en determinados casos, sin reunir los requisitos de scoring exigidos.

Durante 2025, algunos funcionarios del Gobierno nacional y legisladores libertarios habrían utilizado estos créditos para adquirir diferentes tipos de inmuebles, entre ellos lotes, casasquintas, casonas y departamentos. La Justicia analiza ahora el otorgamiento de esos préstamos ante la sospecha de posibles irregularidades.

Una investigación periodística de Página 12 señaló que las propiedades aparecieron por primera vez en las declaraciones juradas correspondientes a 2025 de las personas involucradas. En esa documentación también constaban datos como la valuación fiscal, las dimensiones y la ubicación de los inmuebles.

El lunes 31 de agosto finalizó el plazo para presentar las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Según Página 12, la documentación fue contrastada con información pública relacionada con los créditos y con informes comerciales. A partir de ese análisis, el medio reveló que funcionarios y legisladores oficialistas destinaron el dinero a la compra de distintos inmuebles de lujo que, en algunos casos, no podrían afrontar con sus ingresos.

Entre los casos más resonantes aparecen Federico Furiase, Felipe Núñez, Felipe Berón, el tuitero oficial Juan Doe y los jóvenes Sharif y Nazarena Menem, entre otros libertarios.

Los casos fueron destacados por diferentes motivos: por haber obtenido préstamos bancarios de montos muy elevados, por contar previamente con una vivienda o por haber accedido a una línea crediticia destinada específicamente a empleados públicos.

Página 12 remarcó que el caso derivó en una causa penal cuya investigación está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y que permanece desde mayo sin novedades.

Los delitos que se investigan son tráfico de influencias o administración fraudulenta.