Nueva ley penal juvenil en Salta: desde septiembre alcanza a adolescentes de 14 y 15 años

Desde el 5 de septiembre de 2026, la Justicia argentina aplica un nuevo régimen para adolescentes acusados de cometer delitos. La Ley 27.801 establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil y reemplaza al sistema nacional que permaneció vigente durante décadas.

La modificación tendrá un impacto concreto en Salta, principalmente por la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años. Hasta ahora, la legislación nacional consideraba no punibles por razones de edad a los menores de 16 años, aunque la provincia ya disponía de procedimientos específicos para investigar hechos que involucraran a niños y adolescentes.

La nueva normativa fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026 y determinó su entrada en vigencia 180 días después, el 5 de septiembre. El régimen comprende a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.

Con la entrada en vigencia del nuevo sistema, un adolescente que haya cumplido 14 años podrá ser sometido a un proceso penal juvenil cuando se lo acuse de un delito contemplado en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Esto no implica que sea juzgado mediante las mismas reglas aplicadas a una persona adulta. La legislación dispone un régimen especializado que garantiza el derecho a defensa, la reserva de los procesos y la aplicación de medidas destinadas a la educación, resocialización e integración social.

Además, cualquier restricción de derechos deberá tener carácter excepcional, ser proporcional y encontrarse debidamente fundamentada. La norma también prohíbe divulgar información que permita identificar públicamente al adolescente involucrado en una causa penal.

La provincia dispone de la Ley 8.097, mediante la cual se creó el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes. La normativa fue sancionada en 2018 y, luego de diferentes prórrogas y modificaciones, el sistema especializado comenzó a funcionar plenamente desde el 1° de diciembre de 2023.

Este esquema contempla la participación de fiscales, jueces, defensores y equipos interdisciplinarios especializados.

La fiscal penal Mercedes de la Cuesta explicó en el programa Pelo y Barba que actualmente el sistema penal juvenil salteño recibe entre 800 y 900 denuncias por año.

Salta dispone, además, de dos Fiscalías Penales Juveniles y de dispositivos específicos para intervenir en causas que involucran a menores de edad.

Durante 2026, la Provincia ya comenzó a trabajar en la implementación del nuevo régimen nacional y en actividades de capacitación relacionadas con la responsabilidad penal juvenil.

El nuevo sistema no determina que todos los casos deban terminar con una pena de prisión. La Ley 27.801 contempla diferentes respuestas judiciales según las características y la gravedad de cada hecho.

Entre las alternativas se encuentran las amonestaciones, prohibiciones de acercamiento o contacto, restricciones para asistir a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño.

También podrán establecerse medidas relacionadas con la educación, capacitación laboral, tratamientos de salud y acompañamiento mediante equipos especializados.

Para determinados delitos, la normativa permite sustituir la prisión por otras sanciones. La situación es diferente ante hechos de mayor gravedad, especialmente aquellos en los que se haya producido una muerte o existido violencia grave contra una persona.

Los menores de 14 años no pueden ser privados de su libertad bajo este régimen, ya que la nueva legislación comienza a aplicarse a partir de esa edad.

Incluso entre los adolescentes comprendidos por la norma existen procedimientos destinados a determinar posibles situaciones de inimputabilidad. Para esos casos se contemplan evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y ambientales, además de la participación de organismos especializados de protección.

La nueva legislación prohíbe expresamente aplicar a adolescentes penas de prisión o reclusión perpetua.

El máximo establecido para una pena privativa de la libertad es de 15 años, aun cuando la escala penal correspondiente a los delitos atribuidos contemple una sanción superior.

Los adolescentes privados de su libertad tampoco podrán permanecer alojados junto con detenidos adultos. Cada jurisdicción deberá disponer de establecimientos especializados y contar con personal capacitado.

La incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al régimen nacional exige que las provincias adecuen sus procedimientos y estructuras.

La Ley 27.801 invita a las jurisdicciones provinciales a adaptar sus normas procesales y administrativas para garantizar la aplicación de las reglas previstas para adolescentes de entre 14 y 18 años.

Salta ya cuenta con una estructura penal juvenil en funcionamiento. Sin embargo, la incorporación de esta nueva franja etaria podría requerir una mayor capacidad de intervención de las fiscalías especializadas, equipos interdisciplinarios, organismos de protección y establecimientos destinados a adolescentes.

El nuevo régimen comenzó a regir en todo el país desde el sábado 5 de septiembre de 2026.